El Conflicto Mapuche

Breve Historia del Conflicto Mapuche
Las parcializadas informaciones sobre el llamado 'conflicto mapuche' ocultan un proceso que no surgió espontáneamente en el sur de Chile . Por el contrario, no es más que la continuación de una vieja historia de seis siglos.

El conflicto de los pueblo originarios y en particular de los mapuches tiene su origen en la colonización de Chile por los españoles, quienes -tras siglos de lucha- nunca lograron establecer su dominio sobre este pueblo, llegando finalmente a una Tratado o Parlamento de Quillén, 1641, que reconoce como territorio autónomo en Chile las tierras ubicadas al sur del río Bío Bío.
A partir de aquel acuerdo, se generaron sucesivos cambios finalmente 'estabilizados' en lo que se llamó 'Pacificación de la Araucanía', una campaña militar emprendida por el gobierno chileno a partir de 1888 cuyo objetivo final fue la integración de esas poblaciones a la nacionalidad chilena, pese a lo cual estos pueblos lograron mantener sus particularidades, siendo víctimas a través de los años de una verdadera expoliación de sus tierras bosques, aguas, recursos costeros.
Un cambio de mentalidad o intento por reparar la política anterior, se inició con el gobierno de Eduardo Frei Montalba (1964/1970), que recuperó 3,5 millones de hectáreas para devolvérselas al pueblo mapuche. El proceso se aceleró con el Presidente Salvador Allende, que en tres años alcanzó a restituir a los indígenas otros 6,5 millones de hectáreas. El proyecto integral fue interrumpido por el golpe que encabezó Augusto Pinochet. El dictador inició una contra-reforma, enmarcada en el decreto-ley de división de las comunidades indígenas, anulando todo lo obrado mediante las expropiaciones anteriores, que pretendió eliminar totalmente el régimen de tenencia comunitaria de la tierra (que aún subsiste en gran parte del territorio). En la región de La Araucanía estableció la propiedad individual, entregando 72.000 hijuelas, que -junto con dividir las comunidades- llevó a sus habitantes a una pauperización total, dada la escasa superficie entregada que no permite constituir una unidad económica viable.
Transcurridos más de 20 años del restablecimiento de la Democracia la situación dejada por la dictadura no ha cambiado fundamentalmente y los pueblos originarios siguen en un estado de miseria y discriminación, con relación al resto de la población chilena. Se les continúan usurpando sus derechos ancestrales a los recursos de la naturaleza. Siguen siendo despojados de sus tierras, les arrebatan el usufructo de los cursos de aguas y del disfrute de los recursos del mar y son simplemente barridos de su hábitat para dar paso a megaproyectos de empresas transnacionales, en tanto que se les destruye el bosque nativo y con ello la fauna y flora de la que vivían, para consolidar el desarrollo de las poderosas empresas forestales que ya poseen 2,5 millones de hectáreas de bosque de crecimiento rápido (pino y eucalipto), con un 80% de Pinus radiata.

Un estudio de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) da cuenta que en el período 1985/1994, la tasa anual de deforestación fue de 36.700 hectáreas y que casi un 40% de esa superficie fue destruida para ocupar su lugar con plantaciones.
En esta breve síntesis está la génesis del conflicto planteado por un pueblo que se levanta ante la alternativa de reaccionar o desaparecer en tanto etnia. La reacción de los sucesivos gobiernos de la Concertación, en lo sustantivo, no está tanto en la coyuntura, por muy graves que sean las secuelas, sino en la incapacidad para dar una respuesta eficaz, con soluciones concretas a estos campesinos de origen mapuche, quienes, sin duda, son los mas pobres entre los pobres del país, de acuerdo a un informe emitido en París por la Federación Internacional de Derechos Humanos (Daniel Yánez).


La criminalización del conflicto mapuche
La huelga de hambre iniciada por un grupo de 31 presos políticos mapuches en diversas cárceles de Chile ya completó los 40 días y las autoridades chilenas todavía no han dado ninguna respuesta a un conjunto de reivindicaciones que han levantado los huelguistas y las organizaciones del pueblo Mapuche. Las demandas que ellos plantean a la autoridad son justas y legitimas:
1. Por el derecho a un debido proceso o juicio justo sin los montajes político- judiciales actuales y el uso de violencia institucionalizada que incluye la tortura;
2. Por el fin de la ley Antiterrorista, hecha durante la dictadura, y cuya aplicación a la causa Mapuche permite todo tipo de acciones ilegítimas condenadas por las Naciones Unidas. Su uso es facilitado por la criminalización de las luchas legítimas del pueblo Mapuche;
3. Por el fin de la Justicia Militar que promueve la impunidad a los crímenes del Estado desde los tiempos de la dictadura y que ahora acentúa su guerra contra el pueblo Mapuche. Fin del uso de procesos civiles y militares a un mismo preso;
4. Por la libertad de todos los presos políticos Mapuche encarcelados; y
5. Por la desmilitarización de las zonas Mapuche donde las comunidades reivindican sus derechos políticos y territoriales.
Esta Ley Antiterrorista prevé la detención preventiva por hasta dos años de un sospechoso, así como impide a los abogados de defensa acceder a la investigación o interrogar a testigos cuya identidad es mantenida en secreto. Es decir, con la criminalización de la causa Mapuche, el Estado chileno ha transformado la solución institucional y democrática del conflicto, en una cuestión estrictamente judicial, cuya consecuencia más directa ha sido la estigmatización de los mapuches como un pueblo violento.
Por su parte, la prensa escrita y audiovisual ha ignorado esta huelga de hambre, centrando las informaciones en el drama que afecta a 33 mineros sepultados hace más de dos semanas en la mina San José, al Norte del país. Excepto por unos pocos medios de comunicación, se ha impuesto un vergonzoso manto de silencio e indiferencia sobre esta otra tragedia que asola a Chile. Según las últimas informaciones difundidas por los familiares de los huelguistas, la salud de la mayoría de ellos se encuentra resentida después de casi mes y medio sin ingerir alimentos. Frente a la perseverante lucha de los mapuches por conquistar sus derechos, el mutismo del gobierno torna aún mas ilegitima la aplicación de una Ley Antiterrorista que ha sido condenada por Naciones Unidas y por organismos internacionales de Derechos Humanos.


El estallido contemporáneo del “conflicto Mapuche”
La expresión contemporánea del conflicto entre los Mapuche y el gobierno, las empresas forestales y de energía (embalses), se instaló a fines de 1997 (1 de diciembre), fecha en la cual fueron incendiados tres camiones cargados con madera que salían de un terreno en litigio entre una empresa forestal (Forestal Arauco) y las comunidades de la zona de Lumaco, Novena Región. La población Mapuche de ese sector argumentaba su pretensión de recuperar los terrenos en manos de la forestal apelando a sus derechos ancestrales. Desde esa ocasión y hasta la fecha, la Intendencia de la Región de la Araucanía ha interpuesto diversos recursos en la Corte de Apelaciones de Temuco para que se aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado y actualmente la Ley Antiterrorista, una de las más nefastas herencias del régimen dictatorial. Desde ese periodo, el gobierno viene advirtiendo que sancionará “con el mayor rigor de la ley” a aquellos grupos que insistan en desacatar el Estado de derecho y algunos de sus representantes vienen realizando, desde hace ya un tiempo, fuertes denuncias contra las acciones “perpetradas” por los comuneros.


A partir de esa fecha son innumerables las ocupaciones, los actos de protesta y acciones de descontento que se han producido en diversas localidades del Sur del país, algunas de las cuales adquirieron inusitada violencia por parte de los grupos en conflicto: por un lado, las comunidades Mapuches, organizaciones ecologistas e indigenistas, y por el otro, las fuerzas policiales “del orden” y guardias de seguridad contratados por las empresas.[1] En la Región de la Araucanía se desarrolla, por lo tanto, desde hace varios años este conflicto entre las comunidades Mapuche que reclaman tierras “ancestrales” y las empresas agrícolas y forestales que actualmente poseen los derechos de propiedad sobre dichas tierras.

Algunos de estos enfrentamientos han cobrado la vida de jóvenes integrantes del movimiento Mapuche. 
Los hechos han demostrado que quienes han perdido la vida o los que han sido agredidos en su gran mayoría son integrantes de esta etnia.La tensión generada por estos asesinatos y por otros gestos de violencia policial, llevó al gobierno a declarar la Ley Antiterrorista para juzgar las acciones emprendidas por las organizaciones Mapuches responsabilizadas por los ataques a empresas y explotaciones aledaños a sus comunidades. La aplicación de dicha Ley ha sido criticada por diversos abogados y especialistas, que la consideran una aberración jurídica en la medida que atribuye como causal de un acto terrorista a cualquier persona que proceda a “colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño.” Con esta definición ambigua y sumamente vaga puede ser encausado como acto terrorista cualquier actividad promovida por grupos anti-sistémicos o movimientos sociales que, por ejemplo, puedan hacer uso de barricadas o lanzar bombas molotov en una manifestación.

Indiscutiblemente la violencia represiva desplegada por el Estado chileno va de la mano con la mencionada estigmatización del pueblo Mapuche, que en muchas ocasiones es definido como violento y sin ninguna capacidad de dialogo, demasiado obcecado por recuperar su patrimonio. Efectivamente, en muchas oportunidades los Mapuches han reaccionado de manera violenta a la instalación de empresas forestales o proyectos hidroeléctricos en su territorio, pero ello ha sido provocado también porque no han sido consultados previamente respecto a estos emprendimientos, excluyéndolos de cualquier debate bajo el pretexto (y el prejuicio) de que estas comunidades son por esencia contrarias al progreso económico. La pregunta en este caso es precisamente de que tipo de progreso estamos hablando o hasta donde dicho progreso afecta los ecosistemas naturales dejando una “huella ecológica” de gran impacto, difícil de ser contornada por simples medidas paliativas. Las comunidades Mapuches también están concientes que muchos proyectos realizados en ecosistemas naturales poseen externalidades ambientales negativas, las que finalmente afectaran directamente la propia supervivencia y sustentabilidad de esas comunidades.
A ello se suma una concepción más generalizada del Estado, que se encuentra asociada a la criminalización de la protesta social. Las manifestaciones de las organizaciones y las comunidades muchas veces son tratadas como un tema policial y de seguridad interior, lo cual termina justificando el uso excesivo de la fuerza represiva y la aplicación de la ley antiterrorista a acciones de propaganda que buscan llamar la atención de esas mismas instituciones. Según un reciente informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Originarios, James Anaya, el Estado chileno debe terminar con el uso de la fuerza para pasar a construir confianza y espacios de mayor participación en las negociaciones para responder a las diversas demandas de este pueblo, desde la restitución de tierras ancestrales hasta aspectos de acercamiento intercultural, que incorpore la noción de diferencia a partir de la educación básica: “El mayor desafío que tiene Chile es transversal. Necesita construir confianza, necesita que los indígenas recuperen la confianza perdida a causa de años de historia…”.


En este sentido, la estrategia del gobierno socialista de Michelle Bachelet también fue muy contradictoria. Por una parte, las autoridades habían confirmado el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que consagra los derechos de los pueblos originarios, y que, por ejemplo, obliga a los Estados ratificantes a hacer una consulta previa antes de desarrollar cualquier proyecto o emprendimiento en territorio indígena. Por otra parte, el gobierno intentó focalizar e incluso transferir el conflicto a determinadas comunidades, que aparecían como el centro neurálgico de las disputas por tierra, siendo que el problema tenía una magnitud bastante mayor y más compleja. Las acciones represivas durante la administración de Bachelet solamente escondieron la raíz del conflicto, que si bien posee un componente tangible de demanda por la tierra, también supone construir una política indígena global que pasa por cuestiones de identidad, nacionalidad y autonomía.
Desde la asunción del gobierno de Piñera la situación del pueblo Mapuche ha empeorado, visto que su base de apoyo son precisamente los mismos empresarios agrícolas y forestales que durante décadas han participado en las acciones de represión y despojo de esta comunidad originaria. Con la evidente oposición del gobierno y la apatía y falta de movilización de la sociedad, existe un riesgo predecible que la atención a las demandas de los huelguistas sólo comience a ser concedida después de algún desenlace fatal. Eso seria un error dramático e inexcusable para cualquier país que aspira a construir una convivencia democrática mínima.