El país va a repudiar estos nuevos abusos. Los independientes harán uso de su derecho transitorio a negarse a estos descuentos. Se rechazará tajantemente la elevación de las cotizaciones y edad de jubilación.
Ha llegado el momento de terminar con este sistema abusivo, que a lo largo de tres décadas ha venido expropiando las contribuciones de los trabajadores a la seguridad social, mientras el Estado debe cargar con casi todas las pensiones. Las AFP no son un sistema de previsión sino de ahorro forzoso de los trabajadores en beneficio de los grandes grupos financieros.
Hay que acabar con el lucro en la previsión y restablecer el sistema público de pensiones, basado en el esquema solidario, que ha venido entregando pensiones dignas a lo largo de un siglo en todos los países desarrollados.
Las AFP y compañías de seguros relacionadas se han embolsado uno de cada tres pesos cotizados por sus afilados desde 1981 hasta ahora, según consta en los balances del propio sistema. El grueso de los otros dos pesos lo transfieren a sus compinches en forma de préstamos y capital accionario: la mitad de sus inversiones en Chile se encuentra en manos de sólo doce grandes grupos económicos encabezados por los dueños de las AFP, que se llevan la parte del león. Uno de ellos era La Polar, cuyas emisiones de bonos eran organizadas por el banco propietario de la principal AFP, que las suscribía con fondos de los afiliados para cubrir deudas impagas de esta fraudulenta empresa con el mismo banco.
El sistema de AFP no otorga a nadie pensiones que merezcan el nombre de tales. Ello fue asumido parcialmente por la reforma de la Presidenta Bachelet, mediante la cual el Estado se tuvo que hacer cargo de otorgar beneficios solidarios al 60 por ciento de los afiliados con pensiones inferiores a los 200,000 pesos (unos 400 dólares) mensuales. En su gran mayoría, sencillamente no recibían nada de las AFP.
Sin embargo, el 40 por ciento restante de afiliados de sectores medios tampoco reciben pensiones que les permitan retirarse en condiciones mínimamente adecuadas. Ello se puede comprobar con los siguientes casos reales.
Una jueza, que intenta jubilar al cumplir la edad legal para hacerlo tras cotizar toda su vida sin fallar un solo mes y por el sueldo tope, obtiene una pensión de 330.000 pesos (unos 600 dólares) mensuales. Eso representa menos de la décima parte de su sueldo, por lo cual simplemente no puede jubilar. Dirán que fue afectada por el daño previsional ocasionado por la sub cotización a los empleados públicos durante los años 1980 y es cierto. Sin embargo, una médico con la misma trayectoria de cotizaciones, pero que ha trabajado toda la vida en el sector privado, obtiene una pensión de 465.000 pesos (unos 930 dólares) mensuales, cerca de una octava tercera parte de sus ingresos en actividad. Tampoco puede dejar de trabajar. (Los Subrrayados son nuestros)
* Manuel Riesco es chileno, nacido el 29 de octubre de 1947. Es ingeniero civil industrial, magíster en economía, de la Universidad de Chile y cursó estudios de doctorado en economía política en el Instituto de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de la URSS.
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