El gobierno lanzó esta semana el tan anunciado ingreso ético familiar. No garantizará los $250 mil comprometidos por el Presidente Piñera el 21 de mayo pasado, sino que se entregarán bonos de entre $4.500 y $7.500 por persona, dependiendo de su vulnerabilidad y cumplimiento de ciertas condiciones. Se pretende asegurar ingresos familiares, con transferencias monetarias, en torno a los $150 mil.
Cuando pienso en una propuesta de ingreso ético familiar aún recuerdo las palabras de monseñor Goic el día 3 de agosto del 2007: “El sueldo mínimo debería transformarse en sueldo ético… en el sentido de que por lo menos todos los que puedan, no paguen el sueldo mínimo legal, sino que por lo menos 250 mil pesos.” A raíz de sus palabras nació un gran debate social y académico que inspiró la creación de un Consejo Presidencial de Equidad y probablemente inspiró la reciente propuesta del ingreso ético familiar del gobierno.
Esta propuesta amplía el componente monetario de Chile Solidario. Se trata de una transferencia en dinero que consta de una parte incondicional y una con condiciones. Estará disponible para todos los actuales beneficiarios de Chile Solidario que se encuentren en extrema pobreza o en términos técnicos, tengan menos de 4300 puntos en la Ficha de Protección Social. Eso es aproximadamente un 3% de los hogares chilenos. Si Chile Solidario gasta el 0.08% del PIB, esta propuesta cuesta la mitad.
Llama la atención el tamaño del proyecto en comparación a tan soberbio título. Cuando hace ya varios años se estudiaba la evidencia internacional en transferencias monetarias condicionadas, notábamos que, por ejemplo, México y Brasil gastan cerca del 3% del PIB en ellas y abarcan a cerca del 20% de la población. Son grandes proyectos, que apuntan a combatir la pobreza corriente y la pobreza de las futuras generaciones imponiendo fuertes condiciones sobre cuidado infantil en salud y educación, y trabajo infantil. Evaluados por expertos nacionales e internacionales que constan de un transversal apoyo político. Este proyecto no pretende ser más amplio ni de mayor cobertura, y tampoco es un proyecto piloto para ser evaluado.
Ahora, uno en vez de mirar a Brasil y México, quienes tienen una mayor proporción de hogares en pobreza extrema, podría mirar a países más desarrollados y elaborar algo que le exija más a las instituciones chilenas. Subsidios monetarios basados en ingresos reales, que sean redistributivos y administrados por el sistema tributario, que exijan formalización de actividades y generación de ingreso autónomos. Que abarquen a la “familias de menores ingresos”, que son cerca del 25% de la población. En vez de eso, ocupamos la Ficha de Protección Social, que tiene varios desperfectos, que no da ninguna información de los ingresos corrientes de los hogares, provocando una mala focalización. El proyecto parece un poco más de lo mismo, sin avanzar de manera relevante en ningún aspecto.
Por otra parte, al analizar la encuesta CASEN 2009, nos encontramos con que el 50% de los ingresos del 10% más pobre son transferencias monetarias. La gran interrogante es qué está pasando con la generación de ingresos autónomos, qué pasa con la creación de condiciones en el mercado laboral que permitan aumentar las tasas de participación laboral en condiciones formales. Esta propuesta tampoco se hace cargo de dichos problemas.
El gobierno habla demasiado de evaluaciones, de excelencia, escribe grandes nombres a sus propuestas, y esto finalmente, no parece coincidir con lo que realmente hace. Lamentablemente, quien no hace lo que dice, pierde absoluta credibilidad y confianza.
*Claudia Sanhueza es economista y profesora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Fue jefa del proyecto CASEN 2009 como parte de su labor académica en la Facultad de Economía y Negocios, de la Universidad Alberto Hurtado.
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