Han pasado 11 meses desde que la fiscal Solange Huerta fué designada para investigar la falta de alerta antes del tsunami que el 27 de febrero de 2010 golpeó las costas de las zonas centro y sur del país, y que dejó un saldo de 156 personas fallecidas.
En ese lapso, la indagatoria ha revelado errores de procedimientos y actuaciones del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) y la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), ambos organismos encargados de alertar a la población ante una catástrofe natural.
Los antecedentes que están en poder del Ministerio Público dan cuenta de las principales falencias detectadas desde el 16 de marzo, fecha en que se inició la investigación.
1.Alerta de tsunami
Luego del terremoto 8,8 grados Richter, el Shoa alertó por radio sobre una "alerta de tsunami en curso" a las 3.51, 17 minutos después del sismo. La primera ola que azotó las costas de Pichilemu, en la Región de O'Higgins, llegó a las 3.48. Según el informe de la Armada, los funcionarios del organismo informaron a la Onemi que Valparaíso, Coquimbo y Corral (Región de Los Ríos) eran las zonas que podrían verse afectadas por un maremoto. A las 4.07, los funcionarios que operaban en el Centro de Alerta Temprana (CAT) de la Onemi recibieron el primer fax que confirmaba la alerta de tsunami en las costas, documento que no fue considerado.
2.Datos incompletos
Debido a que el terremoto se registró a una profundidad de 55 kilómetros, las autoridades del Shoa descartaban la posibilidad de un tsunami. Aun así levantaron una alerta, pero se negaron a verificar en terreno la altura de la marea y, del mismo modo, pedir a las capitanías de Puerto que observaran los medidores de marea. Además, a las 4.05, el teniente Mario Andina, según reconoció en la indagatoria que efectuó la Armada, omitió informar a sus superiores que el sistema Tremors (sensores sísmicos que evalúan peligros de maremotos) "registraba un índice que indicaba que tenía potencial para generar un tsunami".
3.Cancelación de alerta
Aun cuando se avisó por radio a la Onemi sobre la posibilidad de tsunami, a las 4.56, y pese a recibir un informe del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), la repartición dependiente de la Armada canceló la alerta, tras considerar que al mantenerla por mucho tiempo serían "cuestionados por la inexactitud". El sumario de la Onemi informó que el Shoa había recibido, al menos, "20 informes que hablaban de la ocurrencia de un tsunami".
4.Información difusa
A pesar de que el Shoa negaba que un tsunami pudiera azotar las costas, a eso de las 4.30, el concejal de la isla Juan Fernández Felipe Paredes comunicó a la Onemi que una ola había llegado hasta el centro de la ciudad. Este antecedente no fue considerado por las autoridades para alertar de lo sucedido, por lo que, incluso, se le informó a la ex Presidenta Michelle Bachelet que existía un "alza de marea" y "variaciones en el mar". A esta situación se suma la dificultad en las comunicaciones, pese a que la Onemi tenía 16 teléfonos satelitales en su bodega, de los cuales cuatro tenían "chips de activación" disponibles, según determinó un sumario interno.
5.Procedimientos
Otra de las falencias detectadas fue la mala implementación de procedimientos para este tipo de catástrofes. Según consideran los manuales de la propia Onemi, en cuanto se obtiene información sobre la ocurrencia de un movimiento telúrico superior a los 7,5 grados en la escala de Richter, existe la posibilidad de que ocurra un tsunami. Junto con ello, esta posibilidad se acentúa cuando el sismo impide a "las personas mantenerse en pie, que haga caer muros, derrumbe de torres y logre desplazar algunas casas de madera". No es todo: en diciembre de 2009, un informe interno de la Onemi alertó del riesgo de que el sistema de comunicaciones fallara en una catástrofe.
6.Rol de las autoridades
Con los antecedentes proporcionados por el Shoa y el Centro de Alerta Temprana de la Onemi, autoridades como la ex mandataria, pasadas las 5.00 de la mañana del 27 de febrero, llamaron a la calma a la población a través de los medios de comunicación, hecho que generó que personas fallecieran luego de regresar a sus hogares o que se reunieran en el borde costero, desconociendo el peligro que se aproximaba a las playas. De acuerdo a estos antecedentes, la fiscal Solange Huerta busca establecer si hay responsabilidades de las autoridades.
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