En el año 1976 el Coronel Badiola, desde la Dirección de Organizaciones Civiles, dejaba ver la concepción que tenía la dictadura militar de la función del dirigente sindical: “se debe preocupar de los problemas de su gremio, de sus inquietudes, incluidos los problemas
económicos de sus afiliados, y no de los problemas de tipo político y de arreglar a Chile y al mundo” (Gazut, 1977).
Badiola, por cierto, fue uno más de los agentes que en dictadura llevaron a cabo el proceso de despolitización, desmovilización y desposesión de poder del movimiento obrero chileno.
Recién en 2012, en lo que se podría catalogar como una especie de Wikileaks a la chilena, se tiene acceso al
“Acta N° 372, sobre el Plan Laboral”, un documento de más de 300 páginas donde se registraron cada una de las intervenciones de quienes crearon las bases del nuevo Código del Trabajo chileno. Fueron 29 personas, entre ellas, la junta militar en pleno, sus asesores, los Ministros de Estado y otros militares de alto rango.
La desclasificación de las actas revisten especial interés, pues en ellas se observa de forma nítida cual fue y es la filosofía que subyace detrás del entonces Plan Laboral, hoy Código del Trabajo.
Por ejemplo, para el General Mendoza, las huelgas “eran algo lícito en tiempos de los araucanos” pero ellas “no deberían existir a esta altura de la evolución de la sociedad”. Mendoza era contrario a la huelga, y seguramente todos los del grupo lo eran también.
El arquitecto del Plan Laboral, José Piñera -hermano del Presidente y para ese entonces Ministro del Trabajo- resumía el proceso formador de salarios, como algo ajeno a la tasa de ganancia empresarial “los salarios tienen que ver con el nivel de remuneraciones que se encuentre en el mercado… no tienen relación directa con el nivel de utilidades”. Años más tarde, Piñera plasmaría su visión en su obra culmine “La Revolución Laboral”, libro en el cual expresaría que “la negociación colectiva en ningún caso ha de ser un mecanismo para redistribuir los ingresos o la riqueza en el país. Si se le asigna esta función a la negociación colectiva, esta distorsión generará para toda la comunidad un costo muy superior a los eventuales beneficios percibidos por los favorecidos”
(Piñera, 1990).
Este modo de ver el sindicalismo es de indudable matriz hayekiana, amparado en la lógica de que sindicatos poderosos, política y económicamente reivindicativos son incompatibles con los fundamentos de la economía tales como: crecimiento económico sostenido, una inflación controlada y un desempleo bajo.
La vía sindical a la von Hayek ha dado sus frutos; y transcurridos 33 años de vida del Plan Laboral (cuyos pilares persisten hoy, incólumes, en el actual Código del Trabajo), los resultados son:
En Chile 9 de 10 trabajadores no negocia colectivamente. Quienes logran hacerlo, tienen un derecho a huelga reducido a su mínima expresión, bajo el acecho constante de trabajadores que pueden reemplazarlos durante el período del conflicto, con lo cual el poder de la paralización se hace estéril (Fundación SOL en base a registros administrativos de la Dirección Nacional del Trabajo)
Los resultados económicos de la
negociación colectiva, no superan el 1% promedio en términos reales (sobre IPC)
(Durán, 2009).
El 76% de los trabajadores obtiene ingresos líquidos menores a $350.000. Este monto equivale a cerca de la mitad del promedio de sueldo mínimo de los países OECD (ajustando la moneda por paridad de poder de compra, o sea, controlando por las diferencias en el costo de la vida)
(Fundación SOL, 2011).
La brecha Salario Mínimo – Salario Gerente General, supera la 100 veces (Fundación SOL, 2012) y equivale a casi un 300% más de la brecha exhibida en los países de la OECD (de la cual Chile es parte).
Con el resultado de la encuesta CASEN 2011, nuestro país sigue siendo uno de los más desiguales a nivel mundial (el coeficiente de Gini que mide desigualdad pasó de 55 en 2009 a 54), y todo indica que de no mediar algo excepcional, la realidad seguirá siendo la misma, sin mayores transformaciones. Daron Acemoglu y James Robinson -en su obra
“Why Nations Fail”- sostienen que situaciones como la chilena, develan un profundo déficit democrático, propio de países en los cuales una pequeña élite ha organizado a la sociedad en pos de su propio beneficio y a expensas de las vastas mayorías, plutocracia, en palabras de Chomsky. Así, es claro que atacar las notorias injusticias, significaría resentir el poder y la tasa de ganancia de dichas élites.
A nivel mundial, el problema distributivo suele enfrentarse mediante dos importantes vehículos: el primero, la vía sindical, conocido como la distribución inducida por negociación colectiva de alta cobertura y huelga efectiva (es la línea de distribución vía masa salarial expuesta en
Kalecki). El segundo vehículo, es el sistema tributario, que actúa en una segunda fase, conociéndose por ello como un proceso de “re-distribución inducida por impuestos” (es la línea de
Thomas Piketty, Tony Atkinson y Emmanuel Saez, entre otros).
Nuestro país, sin embargo, tiene ambos vehículos cercenados1; y volver a darles vida supone inevitablemente que los grupos dominantes pierdan cuotas de poder. Este es el quid del asunto, la vía sindical y tributaria, son caminos que se alejan de la clásica estrategia “win win”, del consenso, tan gustada por el establishment. Acemoglu y Robinson llaman a este tipo de statu quo,un problema de “instituciones capturadas” por los grupos dominantes. La historia nos muestra que la vía sindical para mejorar la distribución, fue capturada en gran medida, a través del Plan Laboral de 1979.
La vía sindical, sin lugar a dudas, es la más resistida por parte del empresariado, pues supone mejorar la distribución de las ganancias en el punto exacto donde son creadas. En esta configuración, la conducción del movimiento sindical y de los trabajadores en su sentir de clase, juega un rol irreemplazable. Ahí, sindicatos ofensivos, movilizados y con proyecto político son -qué duda cabe- el eje motor para la construcción de un nuevo modelo de relaciones laborales que dote a los trabajadores de mayor poder y permita inducir mejoras distributivas por la vía de la participación popular.
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Nota [1] En Chile la redistribución inducida por impuestos, no mejora los indicadores de desigualdad y parte sustantivo de ello, se debe a la presencia activa –todavía– de dos sendos dispositivos PRO-RICOS, activados en dictadura: el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) y el Impuesto Global Complementario
*Gonzalo Durán es Economista de la Universidad Católica y Magister en Economía Laboral Aplicada al Desarrollo de la Universidad de Turín. Actualmente es director de la Fundación SOL (
www.fundacionsol.cl)
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